“La diversificación productiva no es industrializar, es buscar poner en valor todos los sectores con potencial, incluida la industria”

“La diferencia relevante en el siglo XXI no es entre recursos naturales e industria, es entre empresas productivas y poco productivas”. (Ilustración: Giovanni Tazza).

El jueves pasado Diego Macera publicó un artículo (“Las malas juntas”) en el que concluía que nadie puede estar en contra de la diversificación productiva (DP), que encender nuevos motores de crecimiento es posible y necesario, y que no debemos enfrascarnos en discusiones bizantinas, cuando casi todos estamos de acuerdo en lo fundamental. Dos días antes en una reunión sobre reforestación, el congresista Marco Arana mencionó que era lamentable que el gobierno haya abandonado la DP.

Que haya coincidencias sobre la DP entre el gerente general del IPE y un líder de izquierda sugiere que es posible armar el consenso imprescindible para avanzar. Es crucial. Las políticas públicas exitosas requieren perseverancia. Y ella, consensos como los que ya existen en la macroeconomía, infraestructura y capital humano.
La DP merece estar en esta lista. Los errores garrafales cometidos por aquellos que buscaron forzar la industrialización en décadas pasadas (y desdeñaron nuestros recursos naturales) hacen entendibles las reacciones instintivas contra la DP. Pero no son justificables. La DP no es industrializar, es buscar poner en valor todos los sectores con potencial, incluida la industria. 

La diferencia relevante en el siglo XXI no es entre recursos naturales e industria, es entre empresas productivas y poco productivas, independientemente del sector. Lo importante es cómo se produce, no qué se produce. Uruguay es un ejemplo. Parece encaminado al desarrollo exportando recursos naturales (ganadería, forestal y agricultura) con alta base tecnológica.

Nosotros tenemos dos ejemplos recientes de alta sofisticación en recursos naturales. Primero, nuestra agroexportación. Es para todo fin práctico un sector distinto de la agricultura tradicional. Se optimiza continuamente la cantidad de agua y fertilizantes que va a cada parcela. Se hace uso de la biotecnología para clonar y reproducir a las mejores especies. En el packing se utilizan algoritmos de inteligencia artificial que toman fotos y separan incluso frutos muy pequeños según las características de cada mercado. Segundo, nuestra acuicultura. Nuestros productores de langostinos más sofisticados son los más productivos del mundo. Logran más de 100 tm por hectárea por año vs. 2 tm de la acuicultura no tecnificada. En ambos casos, como en otros, se están generando innovaciones ‘made in Peru’ que nos permitirán seguir mejorando.
Debemos dirigir esfuerzos a aumentar la productividad. Es una tarea conjunta público-privada. El Estado falla por exceso, como cuando genera trámites burocráticos innecesarios. Pero también por defecto. Como cuando no provee bienes públicos indispensables para la productividad privada. ¿Hubiera sido posible el ‘boom’ agroexportador sin los proyectos de irrigación, el Senasa y la Ley 27360 (Ley que aprueba las normas de promoción del Sector Agrario)?

Las mesas ejecutivas, recientemente reinstaladas en el MEF, son un instrumento para que el Estado entienda al sector privado y alinee la oferta de bienes públicos (infraestructura, normativa, fondos para innovación, etc.) necesaria para hacerlo más productivo. La simplificación administrativa es solo parte de la tarea. Como en todo, la clave es la implementación. De nada servirán buenas normas que no mejoran, en la cancha, la productividad.

Otro instrumento del Estado para mejorar la productividad son los centros de innovación tecnológica (CITE). Existen para ayudar a que los clústeres productivos cierren sus rezagos tecnológicos. En el mundo ideal nuestras mypes comprarían las mejores tecnologías. Pero no lo hacen. Los CITE deberían ayudarles a mejorar la coordinación, transferirles tecnología, a capacitarlos, etc. Como con las mesas, si no se implementan bien y no se busca su mejora continua no cumplirán, salvo heroicos casos aislados, sus objetivos.
Para la agricultura, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y sus estaciones experimentales podrían jugar un rol similar. Pero en los últimos 25 años han estado de espaldas a las realidades productivas. Eso podría cambiar con la Mesa Agroexportadora del Ministerio de la Agricultura, pero requerirá perseverar.

Para avanzar es saludable abandonar nuestros monstruos ideológicos del pasado. Sobran propuestas genéricas para aumentar nuestra productividad (como profundizar reformas de segunda generación) que suenan bien pero que delatan no saber cómo hacerlo. La ventaja de la DP es que ofrece medidas concretas sobre cómo poner en valor sectores con tremendas ventajas comparativas, pero que hemos abandonado. El camino no es fácil, pero no hay alternativa. Requerirá escuchar, implementar, aprender, corregir y, fundamentalmente, perseverar.

Los incrédulos de la diversificación, por Piero Ghezzi“Los sectores donde nos ha ido mejor en los últimos 25 años son aquellos a los que el Estado les prestó algo de atención".

En los últimos días se reavivó la discusión sobre el rol del Estado en la diversificación productiva (DP). Iván Alonso escribió recientemente un artículo que refleja el punto de vista de los incrédulos (“¡Viva la diversificación espontánea!”, 28 de abril del 2017). 

Alonso dice, primero, que la DP no es necesariamente un objetivo digno de perseguir. Si el mundo quiere minerales debemos vendérselos. Cuando no los quiera, los recursos se reasignarán. Segundo, que la economía ya se ha diversificado. Y tercero, que la diversificación se ha dado espontáneamente, sin el Estado.

Su primer argumento asume que todos los recursos se asignan a su uso más productivo y que rápidamente podemos exportar nuevos productos. Como si descubrir nuevos rubros de exportación no tomara tiempo. 

Su supuesto de perfecta asignación de recursos resalta lo falaz que es la contraposición minería/DP. Implica que todos los trabajadores tienen empleo formal. Las empresas grandes, al ser más productivas, crecerían a expensas de las mypes, que perderían trabajadores consistentemente.  No habría casi mypes o informalidad. 

Pero eso no ocurre. Tenemos 70% de informalidad. Nuestro sector moderno solo puede emplear una fracción de la PEA. 

Precisamente porque no generamos suficiente buen empleo, contraponer minería con diversificación productiva es falaz. La minería ‘ancla’ la demanda doméstica, genera ingresos fiscales, importantes encadenamientos productivos y tecnología de punta. Es una locura estar en contra de ella. 

Pero no podemos exigirle demasiada responsabilidad. El Instituto Peruano de Economía indicó en el 2012 que cada empleo directo en minería generaba nueve indirectos. Optimistamente, podría generar 2,4 millones de empleos, el 10% de nuestra población en edad laboral. ¿Qué esperamos para el 90% restante si no facilitamos la generación de empleo en otros sectores?

Debemos venderle al mundo todo el mineral que podamos en la medida en que sea sostenible. Pero hay muchos otros productos que podríamos exportar y no lo hacemos (por lo menos no lo suficiente). 

Su argumento de que ya nos hemos diversificado es complaciente. No somos considerados por nadie ejemplo de diversificación. No tenemos ni 20 partidas de exportación no tradicional de más de US$200 millones (0,1% del PBI). 

Es paradójico que use a la agroexportación como ejemplo de diversificación espontánea. Su despegue ocurre a partir del 2000, cuando se promulga la Ley de Promoción Agraria. En paralelo se fortaleció el Senasa. ¿Y los grandes proyectos de irrigación claves para el sector no son obra pública? 

Los sectores donde nos ha ido mejor en los últimos 25 años son aquellos a los que el Estado les prestó algo de atención (minería y agroexportación). A aquellos que recibieron poca o nula atención (forestal, acuicultura, ganadería o minería no metálica) no les fue tan bien. No es casualidad. 

Su tercer argumento ignora que el Estado ya interviene. Los acuerdos fitosanitarios para abrir mercados para la agroexportación los logra el Senasa, no Camposol. Para la acuicultura solo el Sanipes, no Acuapesca. Solo el Osinfor puede hacer las inspecciones sobre la legalidad de la madera, no Maderacre. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está a cargo de infraestructura esencial para el turismo. Si el Estado hará esas tareas, debe hacerlas bien.

Para que los sectores logren su potencial es importante identificar y eliminar las barreras a su crecimiento. De eso se trata la DP. Las barreras son a veces trámites excesivos. Pero no solamente. Los agroexportadores agradecerán simplificación administrativa, pero pedirán, además, que se fortalezcan el Senasa y el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que se proteja el germoplasma nacional, que se continúen los proyectos de irrigación. Y obviamente que se extienda la ley de promoción. 

Los incrédulos de la DP deben creer que ya resolvimos nuestros problemas de empleo y productividad. Viven con un marco ideológico divorciado de la realidad. Es necesario avanzar. La dicotomía minería/DP es falsa. El país tiene que trabajar para que todos sus sectores logren su potencial. La gente de a pie, la que sufre la falta de empleo, no debería seguir esperando.